Tras el discurso de la Cuenta Pública 2023 realizada por el Presidente Gabriel Boric, el equipo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la red más grande de fundaciones en Chile, analizó los principales anuncios en materia de seguridad social.
El Director Ejecutivo, Hans Rosenkranz, dijo que “la colaboración, la participación, el respeto y la solidaridad entre todos los sectores de la sociedad son clave para los desafíos que plantea el Presidente Boric. Como Comunidad, creemos que la forma de avanzar en la superación de la pobreza y exclusión social sólo es posible articulando nuestro trabajo entre todos los sectores de la sociedad. Por esta misma razón, extrañamos un mayor énfasis en el discurso presidencial al trabajo constante, a los vínculos de la sociedad civil con el Estado, para evidenciar el trabajo de miles de organizaciones sin fines de lucro que existen en Chile”.
En materia de trabajo, el Presidente destacó la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, medida que según dijo beneficiará a 4,7 millones de trabajadores y trabajadoras además de sus familias.
Al respecto, la Directora de Incidencia y Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Luisi Álvarez, expresó que “lograr un amplio acuerdo social y político en esta ley, es sin duda un logro a reconocer, porque demuestra que es posible llegar a consensos para avanzar en el desarrollo de las personas y del país. Debemos seguir en ese camino, ya que implementar de forma efectiva y eficaz la ley de las 40 horas, requerirá de un diálogo contínuo entre todos los sectores, con el fin de alcanzar el objetivo que se propone”.
Asimismo, el Presidente reafirmó su compromiso con el aumento del salario mínimo, que según dijo, subirá progresivamente hasta llegar a $500.000 para julio de 2024.
En temas de salud, el mandatario destacó el Plan Nacional de Recuperación de Cuidados y Disminución de tiempos de espera. Según señaló, ha logrado volver a los índices pre pandemia. Además, mencionó la inyección de $120.00 millones adicionales, que permiten reducir en un 30% el tiempo de espera para cirugías NO GES y los tiempos de espera para especialidades en un 22%. También destacó el beneficio de atención gratuita para más de 6 millones de personas pertenecientes a los tramos C y D de Fonasa.
Al respecto, la jefa de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Nina Bertone, dijo que “avanzar en cobertura y universalidad es sin duda una urgencia y celebramos los avances en esta materia. Creemos que dar un paso más en las políticas públicas de salud requiere que se hagan siempre en base a la garantía de los principios básicos reconocidos en la carta de derechos y deberes de los pacientes, para lograr un trato digno para todos y todas”.
“Trabajar por el bienestar de la niñez es una prioridad central para mi Gobierno”, expresó en su discurso el Presidente”, destacando la promulgación de la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que mandata al Estado a respetar, promover, proteger y asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sobre este eje, la Directora de Juntos por la Infancia, Magdalena Simonetti, dijo que “celebramos que esta ley haya salido a la luz el año pasado, sin embargo, nos extrañó la ausencia de referencia al sistema residencial a nivel general, y no solo la implementación de residencias de administración directa del Estado. Si bien confiamos en que la niñez es un interés genuino para el Presidente, echamos de menos de su parte una propuesta con respecto a una oferta especializada para los niños, niñas y adolescentes que sí lo requieren en el sistema de protección residencial.
Al mencionar las aristas de seguridad, el mandatario comunicó que “durante nuestro gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026 ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes”.
En relación a este punto, la Directora del programa Juntos por la Reinserción, Bernardita Frez, dijo que “pese a la urgencia que existe con la sobrepoblación carcelaria, nos preocupa que no se esté tomando como solución a largo plazo para la misma el fortalecimiento en el trabajo en prevención y reinserción”.
Asimismo, agregó que “aumentar las plazas es una medida urgente, pero la política pública en general no debe orientarse hacia la capacidad de encarcelar a más población, sino a tener cárceles dignas, en que existan las condiciones para que quienes cumplen condena allí puedan reinventar su futuro y cuya custodia por parte del Estado se atenga de manera irrestricta al respeto y protección de sus DD.HH”.